Vidal explica que la sala ha decidido archivar el caso para que la mujer de J. T. S., el villacarrillense que fue hallado sin vida en el calabozo del Instituto Armado, emprenda acciones civiles. Con esta decisión no se incluirán en el sumario diligencias solicitadas por la familia, como las facturas telefónicas del cuartel para demostrar sí los agentes llamaron al Colegio de Abogados o no para solicitar asistencia al detenido. Además, tampoco se ha aportado como prueba la cinta de vídeo grabada por las cámaras del puesto del Instituto Armado entre el 3 de abril de 2004 y las diez de la mañana del día siguiente.
Este documento, según la letrada, haría posible demostrar sí hubo denuncia contra J. T. S., antes de que fuera arrestado, o bien, como sospecha la familia primero fue internado en una celda y, posteriormente, se interpuso la denuncia. Además, la letrada de la familia del fallecido sostiene que faltan varios minutos de la grabación en los que se registra la muerte de J. T. S.
Es por esto por lo que la abogada de la acusación plantea un recurso de reforma y apelación ante el auto de archivo provisional dictado por el juez.
No en vano, la familia pretende que no sólo se juzgue un presunto delito de detención ilegal, practicada por funcionarios del Cuerpo contra J. T. S., sino que también se determine su posible culpabilidad en una falta de violación de los derechos fundamentales y garantías fundamentales del fallecido.
A las nueve y media de la noche del día 3 de abril de 2004, agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio de J. T. S., que estaba cenando junto a su esposa e hijos. Sale de la casa esposado y, antes de ser encarcelado, es trasladado al Centro de Salud donde se le atiende de una fuerte crisis de ansiedad.
Horas más tarde, en la madrugada del 4 de abril, el hombre aparece sin vida en la celda con una camisa anudada al cuello. Las peticiones de Josefa Jiménez Garrido de permanecer con su esposo, debido a su “mal estado”, fueron desoídas.